Elizabeth Castillo no era activista hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) empezó a llevarse a sus vecinos.
Todo empezó en junio, después de que Donald Trump ordenara a los agentes del ICE que barrieran Los Ángeles, y luego utilizara como pretexto para enviar al ejército los incidentes aislados de violencia que ocurrieron en las protestas contra las tácticas de los funcionarios migratorios. Castillo sintió que su barrio obrero de Pasadena, a las afueras de Los Ángeles, estaba sitiado. Dijo que seis personas fueron apresadas en Winchell’s, una tienda de donas. Además, el ICE se llevó a dos personas cuando hizo una redada en su complejo de apartamentos.
Al principio, Castillo iba sola con un megáfono. Cuando veía vehículos del ICE por las calles, los seguía en su coche, tocando la bocina y gritando para advertirle a la gente que se acercaban. Empezó a levantarse antes del amanecer para patrullar su complejo de apartamentos. Luego se puso en contacto con la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros (NDLON, por su sigla en inglés), que dirige un centro de empleo cercano. A través de ellos, se conectó a una red de personas de toda la ciudad que siguen constantemente las actividades del ICE.
Las redadas generalizadas que han trastornado la vida en Los Ángeles podrían extenderse pronto a otras ciudades, especialmente ahora que los republicanos del Congreso han aumentado el presupuesto del ICE de 8000 millones de dólares a 27.700 millones aproximadamente. (Es más que el de la mayoría de los ejércitos). “Somos una placa de Petri”, me dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. “Están experimentando con nosotros. Si vienen y hacen esto en Los Ángeles, entonces podrán asustar a todas las demás ciudades, igual que se ha asustado a las universidades, igual que se ha asustado a los bufetes de abogados”.
