Aprueban tope a los incrementos
Un límite del 10% no resuelve el problema de fondo: la escasez de vivienda accesible.
Pero al menos, frena la especulación más voraz de un mercado que parecía vivir sin reglas.
El reto ahora será que las autoridades vigilen su cumplimiento, porque las leyes sirven de poco si se aplican solo en el papel.
El Congreso aprobó una reforma que limita los aumentos en las rentas de vivienda a un máximo del 10 % anual, o al nivel de la inflación reportada por el Banco de México, lo que resulte menor.
La medida busca proteger a miles de inquilinos ante el encarecimiento del mercado inmobiliario y los aumentos desmedidos en zonas urbanas. El cambio fue impulsado inicialmente en la Ciudad de México, pero podría replicarse en otras entidades, incluido Nuevo León, donde los precios de renta se han disparado hasta un 25% en los últimos dos años.
La reforma modifica los artículos del Código Civil que regulan los contratos de arrendamiento, y establece que los incrementos deben ser “razonables y proporcionales, con base en la inflación.
Para los propietarios, significa que ya no podrán subir los precios de manera libre ni automática al renovar contratos. Y para los inquilinos, representa una barrera legal contra los abusos que se volvieron comunes en zonas de alta demanda, como San Pedro, Santa Catarina y el centro de Monterrey.
